Los jueces del Tribunal Superior Electoral tienen todo el derecho de auto asignarse vehículos, a cargo del presupuesto nacional, para el cumplimiento de sus funciones.
Esa medida es, desde todo punto de vista, legal, legítima y normal.
Ahora lo que hay que ver es si es moralmente justa y socialmente aceptable.
Si el tribunal quiere que sus miembros estén bien montados, yo estoy de acuerdo. Pero, surge la pregunta:
¿bien montado significa, necesariamente, vehículos de 95 mil dólares?
Pongámoslo en pesos dominicanos: cada vehículo cuesta 3,705,000 pesos (tres millones setecientos cinco mil pesos). Esto da un total de 48,000,000 (cuarentiocho millones de pesos) por las 13 yipetas.
Es eso necesario, es justo, es moral?
Quiero que me permitan hacer una comparación con una situación que todos los dominicanos conocemos y que vivimos casi todos los días; es el caso del famoso SERRUCHO.
Se hace un serrucho para comer o para comprar bebidas.
Para la comida alcanza para hacer yuca con huevo; y para la bebida alcanza para una cerveza cada uno.
Pero, sucede que el organizador decide preparar un servicio de camarones para él y comprarse una botella de un vino exclusivo. y lo que queda que se lo repartan los demás.
Es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. El país está en una situación crítica. Se está llamando a una austeridad nacional. Pero eso a ellos no les importa. Lo único importante son ellos mismos, aunque al país se lo esté llevando el diablo.
Por eso quiero repetir la pregunta que he hecho en otras ocasiones y que se ajusta como anillo al dedo: En qué se diferencia ese organismo de una asociación de malhechores?
Ernesto Rymer
La Romana
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